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Soy usuario permanente del Metro, he sido un beneficiado de este medio masivo de transporte público, ya que me permite llegar a diferentes lugares del área metropolitana en un tiempo muy corto, lo que optimiza mi actividad profesional y laboral de abogado.

La Crónica del Quindío
Columa de Opinión
Domingo 2 de abril de 2017

Como abogado, profesor, socio de Colegas o simplemente como ciudadano y padre de familia, he observado un cambio sustancial en la formación de profesionales en diferentes ciencias, artes y oficios, he llegado a la conclusión por lo que oigo, escucho y veo de que se está pasando lentamente una “formación personalizada y cualificada” a una formación “en masa”, lo que me ha llevado a hacerme la pregunta: ¿Se está formando al profesional en nuestro país “en serie y no en serio”?

Conocemos que la educación es un Derecho fundamental de toda persona, sabemos así mismo, que la misma debe ser de calidad en la formación del profesional, orientada en todo momento al alumno como eje central de dicha educación y a unas buenas instalaciones físicas para desarrollar la hermosa tarea de la Docencia.

Hoy se habla de los principios de Autonomía Universitaria y el de inclusión social como el fundamento para aceptar un alto número de estudiantes en las Universidades y los diferentes centros educativos, algo totalmente lógico y respetable a la luz de la teoría del negocio –comercio, ya que deja unos buenos rendimientos económicos a un grupo de inversionistas y socios particularmente en el sector privado, que se atreven a generar espacios educativos en un país en donde en lo público se carece en gran cantidad de dichos espacios, asunto que en mi sentir es positivo, pero desafortunadamente, se está generando un efecto colateral negativo como consecuencia de ello (causa – efecto), el más notable y visible de ellos es una deficiente formación académica y un profesional con dificultades para ser competente en su ejercicio.

Es verdaderamente preocupante, observar como se ha “masificado la educación”, para poner un ejemplo en asuntos puntuales, basta observar y mencionar como en algunos centros educativos, afortunadamente muy pocos en el espacio sagrado donde se enseña como son “los salones de clase”, estos se ven “atiborrados de estudiantes” con volúmenes de alumnos de 30 a 50 por grupo como promedio, lo que lleva al docente como emisor y primer respondiente de un mensaje educativo a encontrarse con muchas dificultades para transmitirlo adecuadamente, particularmente, si tenemos en cuenta que un docente con un promedio de dos horas de clase, físicamente queda extenuado, pues la palabra y la voz como es totalmente lógico no le dan para llegar adecuadamente a ese alto número de alumnos y lo que es más delicado aún, existiendo ayudas tecnológicas para ello, como micrófonos y demás, estas o no existen en el salón de clase o están dañadas o no son suficientes; que no decir de las dificultades que se presenta en lo logístico o lugares o plantas físicas en general donde se trasmiten los conceptos académicos como por ejemplo, dificultades de acceso y de salidas seguras en caso de un evento catastrófico, poca iluminación, poco aire y ventilación (se han presentado desmayos), alumnos con sillas de clase prácticamente una “encima de la otra”, con un espacio entre los alumnos y el docente de “pocos metros” lo que impide la movilidad suficiente de este y el adecuado proceso de enseñanza, alumnos sentados en pupitres en “las entradas del salón o fuera de estos” porque físicamente no tienen donde ubicarse, de tal forma que el receptor del mensaje educativo cual es el estudiante ya masificado, por simple asunto de “sentido común” no capta dicho mensaje al descodificarlo y por ello le recibe distorsionado o lo peor no lo recibe, lo que lo lleva a no aprender o aprender deficientemente desmejorando su calidad académica y su futura competencia profesional.

A todo lo anteriormente planteado, se le suman los currículos “exprés”, mediante los cuales “cátedras básicas” en la formación de todo profesional que deben tener como mínimo un semestre para ser enseñadas y evacuadas correctamente, se dictan de manera casi que por “arte de magia” por el docente en tres y cuatro meses, lo que lleva obviamente a que humanamente sea imposible realizar un adecuado serio, eficaz y eficiente proceso de enseñanza - aprendizaje, para tratar de mitigar estos negativos se habla en los modelos educativos de generar “autonomía” en el estudiante, es decir es a este el que le corresponde profundizar los conceptos que el docente transmite, pero se nos olvida que estamos en la época de la tecnología fuente de consulta para el estudiante y la que normalmente crea pereza mental, pues basta el “cortar y pegar”, para nada se buscan las biblioteca y los libros, entonces sumado a un mensaje educativo precario, se da el del “facilismo” en la consulta que da la tecnología, es todo un dolor de cabeza para el docente, comprometer a los estudiantes en “consultar e investigar”, basta leer algunos proyectos de investigación y de grado son un verdadero dolor de cabeza para el estudiante y para el docente tutor por falta de competencias y calidades materiales y formales en su planteamiento, elaboración y sustentación, simplemente en un trabajo investigativo basta poner como ejemplo la dificultad de la formulación de la pregunta problema entre otros.

Esta temática respetuosamente expuesta, no es ajena a nuestra profesión del derecho y a algunas facultades de Derecho. Se Observa, que a veces el profesional del Derecho que egresa bajo el concepto de “cantidad o en serie y no, calidad o “en serio”, tiene deficiencias en sus competencias o aptitudes, lo que los puede llevar a ser sancionado por los entes que controlan su profesión y más grave aún a ser sancionado por la sociedad con el descredito de la profesión y del profesional, sociedad que observa un profesional no capacitado para representar sus intereses en un juicio en diferentes actuaciones que requieren de su concurso; sumado a ello, se da la innegable existencia en nuestra sociedad Colombiana de “una reinversión de principios y valores morales, éticos, sociales y culturales” que afectan fuertemente la ética profesional y que están influyendo necesariamente en la calidad del ejercicio profesional.

Se manifiesta por algunos estudiosos del problema que la solución a la calidad del profesional del derecho debe ser enfocada desde varios frentes, el primero desde sus inicios con un adecuado proceso de selección e ingreso al programa educativo del derecho, mirando más a futuro la calidad que la cantidad, hoy en día se observa como es muy fácil acceder a un proceso educativo, han desaparecido en un alto índice, los exámenes de admisión, las pruebas psicotécnicas, las entrevistas y las visitas domiciliarias a quien se postula como estudiante Universitario particularmente en el sector de la Universidad privada, todo ello ha facilitado que al masificarse el ingreso sin unos filtros de selección adecuados, se disminuye necesariamente los estándares de calidad del estudiante. El segundo frente que se plantea como solución es mediante el diseño de un pensum educativo adecuado en los tiempos para dictarse, enseñarse y aprenderse, así mismo el diseño y puesta en práctica de unas pruebas evaluativas eficaces y eficientes que estas no sean un simple requisito de medición para efectos de acreditación, sino un requisito de grado de carácter obligatorias como lo podrían ser los exámenes preparatorios y son las pruebas de estado, por último exigir al egresado la afiliación a una colegiatura obligatoria, y darle facultades a los Colegios de Abogados como “espacio natural de este profesional “el ejercer ellos un control primario de la calidad del profesional del Derecho, exigiendo por ejemplo que profesionales con sanciones reiterativas a su conducta no puedan pertenecer a dichos “Colegios”, así mismo permanentemente capacitando y actualizando permanentemente a dicho profesional con cursos, los cuales sean evaluados, así funciona en otros estados en otros países con satisfactorios resultados.

Todo lo planteado nos lleva a preguntarnos: ¿Si en el sistema educativo colombiano se están formando y egresando profesionales en “EN SERIE Y NO EN SERIO?; ¿Hasta qué punto la masificación en la educación lo que ha generado es deficiencia en la formación y falta de competencia en el profesional que egresa?

En buena hora el asunto de la aptitud del futuro profesional del derecho se está tratando de regular por el Congreso de la República, en reciente escrito con fecha 9 de diciembre de 2016 publicado en Ámbito Jurídico titulado “Los Exámenes habilitantes para ejercer la profesión de abogado” se indica en uno de sus apartes por el autor del mencionado escrito el Dr. Carlos Mario Molina Betancur- Director Ejecutivo Asociación Colombiana de Facultades de Derecho/ Acofade, lo siguiente que se transcribe textualmente:

“Desde hace algún tiempo, se viene solicitando un examen habilitante para poder ejercer la profesión de abogado en Colombia, no solamente por el número tan alto de sancionados cada año, sino porque nuestro país es uno de los pocos en el mundo que no lo implementan. Con este propósito, un recién proyecto de ley, presentado en el Senado de la República, por Germán Varón Cotrino, Angélica Lozano Correa y Carlos Germán Navas Talero, establece en su único artículo que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá certificar la aprobación del Examen de Estado de Calidad en Educación Superior que, para el efecto, realice el Icfes, de conformidad con lo establecido en la Ley 1324 del 2009. Se entenderá aprobado el examen de Estado cuando el resultado supere el 60 % del máximo puntaje de la respectiva prueba. Este único artículo precisa que si el graduado no aprueba la evaluación en la primera oportunidad, podrá presentarlo en la siguiente convocatoria que señale el Icfes, es decir un año después. Si no aprobase este examen de Estado, en la segunda oportunidad, el graduado podrá presentarlo en una tercera y última ocasión, pero, además, deberá hacer un curso de actualización en un programa de Derecho con registro calificado y reconocimiento de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Dicho curso tendrá una intensidad no inferior a 20 créditos académicos y una duración no menor de seis meses. Esto lo deberá acreditar en el momento de la inscripción. Además, dicho artículo establece que la certificación de la aprobación del examen de Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces, al momento de expedición la tarjeta profesional de abogado. Dicho requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, así establecido, se aplicará a quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la presente ley”.

Esperemos que estos y otros esfuerzos no queden a la mitad de camino, se logren mejores y mayores competencias en los profesionales que egresan, todo ello en beneficio de las diferentes profesiones y en particular la muy bella profesión del Derecho.

Los planteamientos anteriormente expuestos, los hago con todo respeto a las instituciones, personas y entidades públicas y privadas encargadas e involucradas en el manejo del asunto, agradeciendo las diferentes instituciones educativas y personas que me han permitido ejercer la hermosa profesión de la enseñanza a través de la docencia, lo hago para poner a pensar, respetando toda crítica y opinión en contrario, la idea es hacer un aporte ya que nos “duele” nuestra profesión y la calidad y competencia.

Att.

Álvaro José Rodríguez Maya.
Abogado- Docente.
Socio Colegas.

Es nuestra profesión de Abogados una de las más hermosas pero a la vez más exigentes en cuanto nuestra obligación constante de buscar procesos de mejoramiento académico en conocimientos y aptitudes profesionales, nosotros como ningún otro profesional debe estar permanentemente actualizándose en sus conocimientos, somos los únicos profesionales que nos “derogan el conocimiento” por una Ley o por un Decreto, mucho de lo que ayer aprendimos en las facultades de Derecho hoy son conocimientos que no tienen ninguna validez.

Ese proceso constante de actualización de conocimientos al Abogado, hace que además de cursar y aprobar su proceso formativo en las facultades de derecho, se propenda día a día mejorar sus conocimientos en postgrados, Maestrías y Doctorados.

Es claro que muchos estudiantes y Colegas tienen el tiempo y la facilidad económica de realizar dichos procesos de mejoramiento académico, pero tan bien es cierto, que el ritmo de vida es todos los días más dinámico, cambiante y exigente para los profesionales del Derecho, lo que implica tiempos muy precisos y muy cortos en la actualización de los conocimientos jurídicos mediante cursos, seminarios y diplomados ya que hoy más que nunca “el tiempo es oro”.

La aptitud y la actitud de todo profesional del Derecho ha sido considerada por los altos tribunales del estado en sus fallos como algo esencial en su actuar, es así como en reciente fallo del Consejo Superior Judicatura en un proceso disciplinario seguido contra un Colega por violación a la Ley 1123 de 2007 Código Disciplinario del Abogado Sentencia 1100111020002013 0336301, Sep. 16/15, indicó: “que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, petición, defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia.”

Como Abogado, socio de Colegas y docente, veo con gran preocupación, que dentro del principio de autonomía Universitaria, el cual es muy respetable y ha sido reconocido reiteradamente en sentencias por las altas cortes y por el estado, en algunas ocasiones se le dan varias opciones a los egresados para titularse, tales como: Hacer un diplomado, o una monografía de grado, o una judicatura o presentar los exámenes preparatorios, de estos últimos sabemos los que los hemos presentado que son el mejor termómetro para medir las capacidades y conocimientos adquiridos durante la carrera., hoy desafortunadamente muy pocas facultades los exigen.

Es claro para los que hemos estudiado esta hermosa ciencia del derecho, que durante los cinco años de formación se ven las materias básicas como Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Comercial, Derecho Laboral, Derecho Administrativo, pero se complementa cada semestre con una serie de materias muchas veces no aplican con la formación del Abogado, lo que hace que el estudiante le apunte a muchos frentes, a muchas obligaciones académicas, dejando de un lado la profundización necesaria de las áreas básicas de formación antes mencionadas, lo que definitivamente influye en la calidad del egresado y el futuro abogado, sumado a ello que las materias básicas son cursadas algunas veces en poco tiempo, llevando a los docentes a veces a forzar la exposición de los contenidos con la premura de cumplir los programas de la materia y darles una información general y básica al estudiante, materias o cátedras que antes se veían en un año, hoy se ven en tres, cuatro o seis meses, y que no decir de la tecnología que ha llevado a un facilismo a algunos de nuestros estudiantes que con el “corte y pega resuelven sus problema” , dejando de lado la lectura como fuente suprema del conocimiento, no leen obras de verdaderos maestros y doctrinantes del Derecho ( Valencia Zea, Trujillo Calle, Tamayo, Martínez Rave, Arrubla Paucar, Tamayo, Lombana ), todo ello convirtiendo las bibliotecas en unos “solitarios museos de libros”, basta visitarlas para verlo.

Es por ello, que en desarrollo de la Misión y la Visión del Colegio Antioqueño de abogados, respetuosamente considero sugerir que es fundamental apoyar el mensaje que nos da a los abogados el Consejo Superior de la Judicatura en la sentencia mencionada y pensar en su área de capacitaciones generar espacios de profundización y actualización permanente y constante en la ciencia del Derecho, en las materias pilares de la formación del Abogado como lo son en las áreas Constitucional, Civil, Comercial, Penal, Laboral, Administrativo, Masc y procesales, de tal forma que el profesional del Derecho encuentre en su “espacio natural” cual son los Colegios de Abogados, la posibilidad de actualizarse y retroalimentarse permanentemente y ser un profesional todos los días más idóneo en beneficio suyo y de su profesión.

Por lo expuesto, de la manera más cordial, propongo a ustedes que pensemos en generar cursos y seminarios de actualización en las diferentes ramas básicas del derecho, se podría por ejemplo seguir como parámetro los diferentes contenidos académicos que tienen los exámenes preparatorios de las facultades de Derecho en Colombia ya que se mantienen actualizados y son exigentes.

El público a ofrecer dichos seminarios serían los estudiantes de las facultades de Derecho próximos a presentar exámenes de Estado y preparatorios, abogados y público general.

Estos planteamientos los hago con el mayor respeto a instituciones, personas, normas y directrices que tienen que ver con el asunto, pensando exclusivamente que debemos ser mejores y más competentes en nuestra hermosa profesión en un mundo tan cambiante y todos los días más exigente, como no lo recalca el Consejo Superior de la Judicatura en su sentencia.

Comenzamos el año 2016, ya iniciamos actividades, en el COLEGIO ANTIOQUEÑO DE ABOGADOS, que bien encontrarnos nuevamente con nuestros queridos colegas y retomar la rutina e iniciar actividades y volver a la cruda realidad.

Para el año que comienza tenemos el siguiente panorama, sin olvidar los antecedentes o lo que nos quedó pendiente el año anterior, pero me veo en la obligación sin ánimo de dañarles el día y recordarles en que situación jurídica abandonamos transitoriamente nuestras actividades para darle paso a algunos días en familia con ocasión de las festividades del fin de año.

Pues bien, pretendo ser breve y concreto y echarle un vistazo a los asuntos que quedaron pendientes en material jurídica del año 2015 y destacar los más importantes y lo que nos espera el 2016, todo sin retórica y sin anestesia.

Para empezar, y si mi memoria no me traiciona retomemos sobre lo siguiente: lo más importante tiene que ver con la situación de la justicia en el acto legislativo conocido como equilibrio de poderes. Pues bien, a manera de resumen les puedo recordar que con el acto legislativo 02 del 15 de julio de 2015, se reformo nuestra Constitución Política, efectuando de paso cambios a la estructura del Estado y modificaciones a la rama judicial.

Entre los principales cambios tenemos los requisitos para ser magistrado de las altas Cortes; se elimina funcione de designación de funcionarios en especial el método de elección del contralor general y departamentales; Se modifica los asuntos relativos a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; El cierre de la denominada puerta giratoria para los magistrados de las altas Cortes; la prohibición para los funcionarios que cesan funciones para ser nombrados en otros cargos como el de fiscal, procurador, defensor, contralor, registrador, magistrado o servidores de elección popular.

Sobre el tema de aforados, se sustituye el obsoleto esquema de juzgamiento a los magistrados de las altas cortes y del fiscal. Con la reforma se crea una comisión de aforados integrada por cinco miembros elegidos por el Congreso de listas enviadas por el consejo de gobierno judicial. La comisión juzgara y acusara penalmente a los altos funcionarios y al fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.

Gobierno y disciplina. La sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por una nueva estructura. La disciplina de jueces queda en manos de la Comisión Nacional de Disciplina.

El Gobierno y la administración de la Rama Judicial queda a cargo del nuevo órgano denominado Consejo de Gobierno Judicial y una Gerencia. La reforma constitucional de equilibrio de poderes contiene en total seis cambios significativos en materia de justicia.

Actualmente la Sala Plena de la Corte Constitucional está examinando las demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 14 al 19 del Acto Legislativo 02 del 2015, que modificaron los organismos de administración de la Rama Judicial, incluida la supresión del Consejo Superior de la Judicatura.

Con el inicio de actividades de la Rama Judicial en el presente año, entre los asuntos importantes se destacan las medidas adoptadas para dar inicio a la oralidad en materia civil, el Consejo Superior de la Judicatura al respecto profirió 3 acuerdos que reglamentan temas claves para la entrada en vigor del CGP., e implementación de la oralidad en los despachos judiciales.

Acuerdo PSAA15-10442. Establece medidas de transición para el ingreso al CGP, relacionadas con la reasignación y redistribución de las salas existentes en los distritos judiciales y de la distribución de los procesos una vez finaliza la vigencia de un despacho transitorio.

Acuerdo PSAA15-10443. Definió los grupos de reparto para los juzgados civiles y de familia que aplicaran el CGP.

Acuerdo PSAA15-10444. Reglamenta el protocolo de las audiencias que deben de seguir obligatoriamente los funcionarios judiciales, los asistentes, los intervinientes, las partes en los asuntos civiles, de familia, comerciales y agrarios.

Se sustituyeron algunas medidas de restricción para el ingreso a las salas de audiencia, normas de comportamiento que deben de garantizarse durante el desarrollo de las mismas.

En materia penal, el legislador en su intención de castigar severamente las lesiones personales con agentes químicos, incorpora como una conducta punible autónoma en la ley 1773 de enero 6 de 2016, el articulo 116 A, el cual modifica los artículos 68 A, 104, 113, 359 y 374 de la ley 500 de 2000 (código penal), y de paso reformo el artículo 351 de la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). La presente norma adicionalmente instituye un incremento punitivo, y concomitantemente tipifica el delito de tenencia fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos.

Con la sanción de la ley 1774 de enero 6 de 2016, se modifica el código civil, el código penal y el código de procedimiento penal, lo anterior a fin de establecer un procedimiento de carácter policivo y judicial. El legislador con la expedición de la presente ley considero que los animales no son cosas, que son seres sintientes, buscando con esto protegerlos de las personas que puedan ocasionarles daño.

El Código Civil en el artículo 655 define las cosas corporales muebles, al presente artículo le fue adicionado un parágrafo que de manera expresa otorga a los animales la calidad de seres sintientes.

La anterior calificación incidió en la adición de un título al Código Penal (ley 599 de 2000), dedicado de manera exclusiva a los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales título XI – A. Artículos 339 A y 339 B.

El derecho a morir dignamente y la donación de órganos y tejidos humanos. En febrero de 2015, la corte Constitucional publico la sentencia T-970 de 2015, en la que fija pautas para hacer efectiva la eutanasia, ordenando la fijación de un protocolo con el cual pretende garantizar la realización de los procedimientos en todas las entidades prestadoras de servicios de salud. Por su parte el Ministerio de Salud expide la resolución 1216 de 2015, con la cual busca regular la conformación y el funcionamiento de los mencionados comités encargados de la práctica de la eutanasia acorde a los protocolos establecidos.

Cursan en el congreso dos proyectos de ley enfocados a la donación de órganos y tejidos humanos. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar la presunción legal de donación de componentes anatómicos para fines de trasplante u otros usos terapéuticos dentro de un marco jurídico acorde a la situación del país.

Celebro que con las leyes sancionadas por el ejecutivo y las que están cursando en el congreso sean el comienzo para que se trate a las personas como tal y no como animales y a los animales como seres sintientes y no como cosas.

Desafortunadamente todavía falta por erradicar la práctica de algunas actividades en las que se masacra una especie de estos seres sintientes por parte de un ser humano que actúa como un animal, y que paradójicamente el colectivo aficionado le denomina arte.

Uno de los problemas que más preocupa al empresario y que ha sido fuente inagotable de inconvenientes es la inseguridad jurídica, mal que no es nuevo, por el contrario, ha sido una molestia permanente que ha afectado la confianza, seguridad, estabilidad y crecimiento de las empresas, por lo tanto, es uno de los factores para que el nivel de competitividad no haya sido ni el más óptimo ni el más eficiente trayendo consigo crisis y estancamiento. Esa inseguridad jurídica se traduce en dos hechos: multiplicidad de leyes que cambian constantemente y la demora e inconsistencia de los procesos judiciales.

Lo que se busca entonces no es más que lograr un régimen legal sólido el cual consiste en buenas leyes y en ejecución judicial pues tal y como lo han afirmado juristas y analistas económicos “un régimen legal sólido es un catalizador de la innovación empresarial”. Es por ello que una de las principales preocupaciones del Estado colombiano para garantizar un clima jurídico que permita ser el escenario para que las empresas se desarrollen adecuadamente y crezcan es precisamente la creación de normas pertinentes a las necesidades de la realidad y la eficacia de las mismas a través de mecanismos que permitan la solución justa de los conflictos.

En primer lugar, siempre se ha discutido sobre la eficacia de las normas jurídicas que regulan asuntos empresariales pues en más de una ocasión se han redactado por expertos juristas apegados a la más pura teoría del Derecho así como en la copia descontextualizada de leyes importadas sin consultar al empresario, quien convive con las dificultades y necesidades que debe resolver; por lo cual, la norma resulta ineficiente y sin aplicación. Resulta necesaria una comunidad empresarial activa y partícipe que origine y propicie el cambio conforme a sus verdaderos intereses mediante la participación en la elaboración de proyectos de ley y el acompañamiento durante su trámite en el debate y aprobación así como una constante revisión de la normativa vigente para su modificación y actualización. De esta forma se tendrían normas creadas por iniciativa empresarial, es decir, por el mismo destinatario, lo que aseguraría su correcta aplicación y cumplimiento de forma simple y sencilla sin mayor coacción.

No obstante lo anterior, ¿de qué sirve tener buenas leyes si no hay mecanismos para hacerlas cumplir? Y es aquí cuando el problema estructural del aparato judicial entra en juego como uno de los causantes que agravan la situación del empresario pues la tardanza en la solución de los conflictos que se presentan en torno a la empresa así como la falta de certeza en cuanto al resultado del proceso han llevado a que no sólo la figura del juez pierda credibilidad y respeto sino un sinfín de problemas que repercuten en la dinámica, crecimiento y funcionamiento de la empresa misma.

Es por ello que ha sido un interés constante del Gobierno solucionar la problemática situación de la rama judicial y desde la ley 446 de 1998 ha venido diseñando diversos instrumentos que solucionen la alta congestión judicial y permitan de manera alternativa la solución de conflictos. Precisamente por esta ley es que se le otorgan facultades judiciales a la Superintendencia de Sociedades para resolver asuntos relacionados con la ineficacia, nulidad, disolución y designación de peritos. Más adelante, mediante la ley 1258 de 2008 se autoriza que la Superintendencia citada pueda resolver todos los conflictos que se susciten entorno a las sociedades por acciones simplificadas S.A.S. y finalmente es con la ley 1450 de 2011 que se extiende dicha facultad a todos los demás tipos societarios. En particular, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) afirma que la Superintendencia de Sociedades es un verdadero juez para resolver asuntos societarios, en conclusión, se ha llegado a un estadio de especialización de la justicia que trae por supuesto grandes beneficios al sector empresarial.

Es así como se crea desde julio de 2012 la Delegatura de Procedimientos Mercantiles adscrita a la Superintendencia de Sociedades, como la tercera corte a nivel mundial y la primera en Latinoamérica especializada en conflictos societarios (junto con la del Estado de Delaware en los Estados Unidos de América y la de Países Bajos), encargada de llevar a cabo labores de conciliación y arbitramento así como de tramitar todo lo relacionado con el régimen de insolvencia de las sociedades pero aún más importante de ser el juez natural para resolver los conflictos jurídicos societarios sin tener que acudir a la justicia ordinaria con sus sabidos inconvenientes y dificultades.

Además de la agilidad en la solución efectiva del conflicto societario (en promedio tarda 4 meses para ser resuelto en primera instancia), lo cual significa un ahorro en tiempo y en dinero y la no suspensión de la vida empresarial mientras se tramita un proceso, el conocimiento especializado de sus jueces y auxiliares garantizan una solución justa y equitativa. En este punto, es necesario resaltar la importancia que la aplicación oportuna de las medidas cautelares particulares de esta corte especializada (tales como la suspensión de la junta directiva, de una capitalización, de una escisión, transformación o fusión parcial o total, de una compraventa de acciones, de un nombramiento de administradores, etc.) ha permitido reducir los perjuicios, preservar el estado de las cosas y concentrar la atención de las partes, sin mayor dilaciones o riesgos.

La corte está facultada para resolver asuntos relacionados con el abuso del derecho de voto, impugnación de actas, cumplimiento y ejecución de acuerdos de accionistas, designación de peritos, ineficacia, disolución de sociedades, protocolos de familia, códigos de buen gobierno, acuerdos de inversión, compromisos de fusión o escisión, joint ventures y conflictos societarios en general.

La Delegatura cuenta además con salas de audiencias especializadas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. acondicionadas con la mejor tecnología disponible y servicios electrónicos, lo cual facilita y agiliza los procesos de manera significativa pues las demandas, todos los demás documentos y citatorios pueden ser presentados y allegados vía correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) así como las audiencias pueden ser asistidas mediante videoconferencia, por lo cual descentraliza la justicia societaria y evitar el desgaste y correlativos gastos de acudir a la capital, incluso los expedientes pueden ser revisados desde el lugar de origen de la demanda.

Es una invitación a los abogados para que conduzcan sus procesos a través de la delegatura de procedimientos mercantiles y a los empresarios para que exijan que sus conflictos jurídicos se resuelvan de esta forma que favorece tanto sus intereses en cuanto a la agilidad en la solución del conflicto y demás beneficios en ahorro de tiempo y dinero, facilidades de acceso y correcta aplicación del Derecho.

Para mayor información se puede consultar en www.supersociedades.gov.co/pmercantiles.html

Enlaces de interés

Congreso Internacional Sistema Acusatorio