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Respetados colegas y amigos:

EL Alto Gobierno ha presentado el proyecto de Ley que reforma la Estatutaria de la Administración de Justicia, es decir, la Ley 270 de 1996, pero en el contenido de dicho proyecto, se nos está pretendiendo causar graves afectaciones a los intereses del gremio de abogados litigantes, pues no se nos tiene en cuenta para nada en la integración de la dirigencia institucional del gobierno judicial o de la veeduría del servicio prestado por la administración de justicia.

Además, se presagia que vamos a seguir en la misma situación de soportar la posición dominante del Estado frente a nuestro gremio, pues en el citado proyecto se le asignan funciones normales a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para tramitar procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio , ya que así lo contempla el artículo 114, numeral 1º, de ese proyecto de Ley.

El artículo 122 de la misma norma en trámite, consigna que la función de firmar las Tarjetas Profesionales de Abogado será competencia del Gerente de la Rama Judicial, y en general en ese contenido normativo no se considera ningún espacio de protagonismo para los abogados ni para la creación a instancia estatal de la Colegiación Nacional de Abogados.

Ha sido una falacia y un irrespeto para con el gremio de abogados todo lo que ha venido sucediendo desde la posición mutada que tuvo el alto Gobierno con el compromiso inicial para la creación del Colegio de Abogados, pues no podemos olvidar que el año pasado con motivo de la reforma a la justicia en el proyecto del equilibrio de poderes, otra era la posición oficial, en donde en primer término si se respaldaba la creación del Colegio Nacional que aglutine a los profesionales del derecho en el país, como pueden verificarlo en la misiva remitida por el Ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, al Presidente de CONALBOS, doctor Rodrigo Arrubla Cano, en donde se aprecia el nuevo texto del artículo 257 de la Constitución Política, el cual incorporaba la figura de la colegiatura.

Después y a la hora decisiva. en forma inentendible y poco seria, y probablemente obedeciendo a intereses mezquinos de los enemigos del gremio de litigantes, se alteró el espíritu de la ponencia para el octavo debate a la citada reforma, en donde se evidencia el ataque despiadado a nuestros intereses, y se impuso el mantener el sometimiento absoluto al régimen disciplinario en doble instancia, que nos imponga la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que reemplazará la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, vamos a seguir en la subordinación umbilical en materia disciplinaria ante el mismo Estado, pues nos están privando del sagrado derecho a la igualdad, de contar con las plenas garantías de ser investigados y juzgados por nuestros propios pares en un organismo de ética y disciplina integrado en el Colegio Nacional de Abogados.

Al resultar como quedó finalmente aprobado el proyecto propuesto, no hay ningún cambio de fondo, sino seguiremos con las mismas privaciones, el atropello a nuestros derechos y la persecución inmisericorde al gremio, en donde para inflar estadísticas los funcionarios de turno se dedicarán a sancionar litigantes sin ninguna objetividad y con total ausencia de una verdadera aplicación de justicia.

Los abogados en ejercicio somos absolutamente necesarios para que pueda operar la administración de justicia, pues sin nuestra participación activa en el sistema, no es posible la plena realización de los fines esenciales del Estado en ese sentido.

Por lo tanto, tenemos el legítimo derecho a reclamar por el otorgamiento de verdaderas garantías para el ejercicio profesional, y no podemos seguir siendo los convidados de piedra de la historia, en donde el Estado a través de sus agentes, manipule a su antojo el modelo de justicia y no se nos tenga en cuenta para nada.

No podemos seguir pasivos y dejando trascurrir el tiempo valioso en contra de nuestros intereses, pues existe el espacio oportuno que la propia reforma a la justicia nos abrió al dejar latente la alternativa de que se cree el Colegio Nacional de Abogados y por mandato legal se le asignen funciones especiales, entre esas las de asumir las competencias disciplinarias respecto a los litigantes en ejercicio.

Hay que conformar un bloque gremial, mediante una gran convocatoria NACIONAL para unir esfuerzos y presentar apoyos al movimiento dirigencial de los abogados de Colombia, para comprometer al Gobierno en el tema y sentar la protesta por el abandono estatal frente a nosotros y el maltrato dado para el otorgamiento de plenas garantías en el ejercicio profesional.

Hay que escribirle a la Mesa Directiva del Congreso, en cabeza de Luís Fernando Velazco, a las Comisiones internas del legislativo, al Despacho del Presidente de la República y al Ministro de Justicia y del Derecho, para que tomen conciencia de la necesidad sentida de que atiendan el clamor de los litigantes.

Es ahora o nunca, queridos colegas, o reaccionamos en masa para reclamar por la conquista de la Colegiatura Nacional de manera real y operativa, o habremos perdido la oportunidad histórica de haberlo conseguido.

Hermanos juristas del país, amigos todos, por favor dejemos la pasividad.

Con sentimientos de respeto y consideración por todos, me es grato suscribirme, y quedo en espera de sus respuestas, propuestas. ideas y sugerencias.

Cordialmente,

LUÍS AURELIO CONTRERAS GARZÓN
Fiscal Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia
Capítulo Norte de Santander
COABOCOL

Estos son los perfiles de los nuevos magistrados que harán parte del alto tribunal y que llegan, entre otras cosas, para destrabar la elección del nuevo fiscal general

Arriba: Aroldo Quiroz (Izq), Luis Rico (Der). Abajo: Fernando Castillo (Izq), José Acuña (Der). Foto: Archivo particular

Cortesía: semana.com

Un acuerdo previo que se pactó en cada una de las salas de la Corte Suprema de Justicia permitió destrabar la elección de magistrados en ese alto tribunal. Después de casi dos años, la corporación cuenta con su cupo lleno -23 magistrados-, lo que permite prever un panorama favorable a la elección del nuevo fiscal general.

Semana.com le cuenta quiénes son los nuevos integrantes de la corporación. Las universidades Autónoma Latinoamericana, Autónoma de Colombia, de Manizales, Santo Tomás, Católica y Nacional tendrán nuevas representaciones en ese alto tribunal.

Entre los elegidos se cuenta Luis Alonso Rico Puerta, nuevo magistrado de la Sala Civil. Es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magister en derecho procesal y especialista en derecho administrativo de la Universidad de Medellín.

Fue asesor de la Oficina Jurídica del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y jefe de la Oficina Jurídica de la Beneficencia de Antioquia. Además, ha sido catedrático en las Universidades de Medellín, Manizales y San Buenaventura.

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo también fue elegido magistrado de la Sala Civil. Es egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, candidato a doctor en derecho de la Universidad Santo Tomás y magister en profundización en derecho de familia de la Universidad Nacional.

En su ejercicio profesional se destacan su larga trayectoria como abogado litigante, su trabajo como procurador delegado y su labor como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia.

Gerardo Botero Zuluaga fue designado como el tercer magistrado que le faltaba a la Sala Laboral. Es profesional en derecho de la Universidad de Manizales y especialista en derecho administrativo de la Universidad Javeriana.

Ha cumplido una parte importante de su trayectoria en la Rama Judicial. Fue oficial mayor de juzgado del circuito, juez civil municipal de Samaná, Salamina y Pácora (Caldas), juez promiscuo municipal de Marmato (Caldas), juez laboral del circuito de Manizales, magistrado de los tribunales superiores de Manizales y Bogotá, y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Ha sido profesor de las Universidades del Rosario, Nacional, Católica, Cooperativa, de Manizales y Autónoma de Colombia, así como de la Maestría de derecho procesal laboral de la Universidad ICESI de Cali.

Lo acompañará en la Sala Civil Fernando Castillo Cadena. Se graduó como abogado en la Universidad Santo Tomás. Tiene doctorado en derecho de la Universidad Complutense de Madrid (España) y magister en derecho económico de la Universidad Javeriana.

Como profesional, se ha desempeñado como abogado consultor y docente; ha sido asesor jurídico del Banco de la República, BBVA Horizonte, Citicolfondos y el Ministerio de Hacienda. Fue integrante de la junta directiva de la Financiera Juriscoop S. A., coordinador y profesional del Ministerio de Hacienda, director académico de la maestría en derecho de la UPB de Bolivia y director de la maestría en derecho económico de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Jorge Luis Quiroz Alemán será uno de los nuevos integrantes de la Sala Laboral. Se graduó de abogado en la Universidad Católica de Colombia, especialista en derecho laboral y seguridad social de la Pontificia Universidad Javeriana y en derecho administrativo y derecho constitucional de la Universidad del Rosario.

En su trayectoria se evidencia el paso por varios cargos estatales como el de jefe de la oficina jurídica profesional del Ministerio de Trabajo, entidad de la que además fue asesor. También fue juez laboral del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la misma Sala Laboral de la Corte.

El jurista José Francisco Acuña Vizcaya fue elegido magistrado de la Sala Penal. Es egresado de la Universidad Nacional, doctor en derecho por la Universidad de la Sapienza (Roma), magister en historia y especialista en derecho penal.

Ha sido decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en donde también dirige el área de derecho penal y el Observatorio de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

También hará parte de la Sala Penal el abogado Luis Antonio Hernández Barbosa. Estudió derecho en Universidad Libre. Es especialista en derecho penal de la Coruniversitaria de Ibagué.

Ha trabajado como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia; fue fiscal auxiliar ante la Corte, director Seccional de Fiscalías y juez de Instrucción Criminal. Ha tenido a su cargo cátedras como las de procedimiento penal y jurisprudencia en las Universidades Santo Tomás, Libre y de Medellín.

La Corte espera que los notables perfiles profesionales de sus nuevos integrantes le permitan dar solución a los problemas de congestión que enfrenta, especialmente la Sala Laboral. Además de aprovechar las cualidades profesionales de los togados, espera superar los rumores sobre supuestas componendas para ejercer sus funciones electorales.

Enlaces de interés

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