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CIRCULAR 002 DE 2016

De: Presidencia

Para: Todos los Socios de Colegas

Cordial saludo apreciados Socios.

Como es de su conocimiento, en la Asamblea General Extraordinaria realizada el pasado jueves 28 de enero de 2016, fue aprobada la venta de la sede de Colegas.

Después de analizadas varias propuestas y realizadas reuniones entre los proponentes, la Junta Directiva, la Comisión Veedora para la Venta, en conjunto con la Presidencia, el día de ayer 03 de marzo de 2016, se concretó la venta en los siguientes términos:

  1. La sede fue vendida al Señor Alberto Cossio, por un valor de $920.000.000 (novecientos veinte millones de pesos) al contado.
  2. Se pactó que la sede será entregada al comprador a más tardar el día lunes 01 de agosto de la presente anualidad.

"Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a la Comisión Veedora para la venta, a los Miembros de Junta Directiva y a todos los Socios que hicieron posible que esta negociación se llevara a cabo de manera exitosa, manifestarles que todas las ideas y sugerencias fueron tenidas en cuenta; recordarles que COLEGAS es de todos, por lo tanto, quiero invitarlos a participar en el nuevo proyecto que se nos avecina: encontrar la nueva sede de COLEGAS!"

"Espero seguir contando su apoyo decidido e incondicional para seguir adelante con este proyecto, que estamos seguros impulsará a nuestra institución a ser mejor cada día."

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO FERNÁNDEZ ESCOBAR
Presidente

Medellín, 9 de marzo de 2016

Comunicado de prensa

COLEGIO ANTIOQUEÑO DE ABOGADOS

COLEGAS

Ciudad

El pasado 29 de febrero de 2016, en el periódico El Tiempo se presentó una entrevista otorgada por el doctor Danilo Rojas Betancourth, presidente del Consejo de Estado, la cual giraba en torno a un programa que realizaría la corporación en conjunto con “(…) alcaldes locales, la Fuerza Pública y gobernadores” 1, consistente en la realización de “(…) foros de cultura de legalidad jurídica” 2 con los que se busca una “(…) prevención del daño antjurídico (…) [que] nosotros preferimos llamarlo cultural de legalidad. La demanda contenciosa debe bajar y tener menos enredos en litigio sobre estos temas” 3.

El Colegio Antioqueño de Abogados (COLEGAS) quiere demostrar su preocupación por el nuevo papel que la justicia de lo contencioso administrativo parece querer tomar dentro de la estructura estatal colombiana.

De la entrevista publicada por el periódico El Tiempo se desprende que el papel de los jueces de lo contencioso administrativo será, en palabras del doctor Rojas

(…) decirles, especialmente a los alcaldes, ‘nosotros somos sus jueces’. Los hemos venido condenando por muchos temas: por contratos públicos y destitución de servidores públicos que hacen mal. Casos en los que se despide a una mujer embarazada o a una persona que está en carrera como su fuera un empleado en un puesto de libre nombramiento y remoción. Además, condenas por graves violaciones de derechos humanos que cometa la Fuerza Pública en las regiones 4.

COLEGAS ve esto con gran preocupación, pues de los lineamientos que la Constitución Política de Colombia 5 o la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 6 traen en cuanto a las atribuciones, competencias y funciones del Consejo de Estado o los demás órganos que componen la jurisdicción de lo contencioso administrativo se puede derivar que estos puedan o deban ejercer como capacitadores o promotores de modelo de administración alguno.


1 En prensa: EL TIEMPO (2016), recuperado el 7 de marzo de 2016 de: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/demandas-a-la-nacion/16523292.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Vid. CN, art. 228 y ss.
6 Vid. L. 270/1996, arts. 1-9 y 34-42A.

Más aún, de la naturaleza de la función jurisdiccional tampoco resulta que sea tenga dentro de sus competencias la capacitación de funcionarios públicos o la prevención de daños, más aún, en palabras de la Corte Constitucional, el principal objetivo de la administración de justicia es “(…) la pacífica resolución de los conflictos generados dentro de la vida en sociedad” 7 , no la mitigación de contingencias patrimoniales en el erario.

Pero esto no es lo único preocupante, COLEGAS también ve problemática la toma de posición del presidente del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto de las condenas que en sede judicial se imponen al Estado por sus transgresiones al orden jurídico colombiano vigente.

Para el Colegio es claro que los rubros por condenas al Estado son altamente preocupantes y que tienen un alto impacto en el presupuesto nacional, pero esto no obsta para que la jurisdicción de lo contencioso administrativo tome posición y tome como función propia la prevención de daños patrimoniales, toda vez que posteriormente tendrán la tarea de revisar las actuaciones de los funcionarios a quienes ellos mismos capacitaron, lo que redunda en una clara transgresión al principio de imparcialidad que rige la función judicial en Colombia y el mundo.

Se pregunta el Colegio porqué no se ven las mismas campañas en promoción del ejercicio de su derecho a acceder a la administración de justicia por parte de los ciudadanos que sufren un daño antijurídico derivado de una actuación estatal. ¿No comporta esto una toma de posición clara?.

Respecto a esto, no solo la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia consagran la imparcialidad como principio fundante de la jurisdicción, sino que la Convención Americana sobre Derechos Humanos la hace propia al consagrar los derechos a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial 8 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su labor de intérprete de la misma, ha expresado:

El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales 9 .


7 Ccons, T-238/2011, N. Pinilla Pinilla.
8 CADH, arts. 8 y 25.
9 CorteIDH, Caso Palamara Iribarne vs Chile, 22 de noviembre de 2005, para. 147. Cfr. CorteIDH, Caso del Tribunal Constitucional vs Perú, 31 de enero de 2001, para. 73 y CorteIDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs Venezuela, 5 de agosto de 2008, para. 55.

Mal harían los jueces de lo contencioso administrativo en tomar una posición anticipada sobre los asuntos controversiales del derecho objeto de su competencia, más cuando luego tendrán que ser los operadores que diriman litigios que deriven de dichas problemáticas. Resultarían comprometidos en su juicio por los conceptos dictados anteriormente y no por lo discutido y probado dentro del proceso judicial respectivo.

Por todo lo anterior, COLEGAS urge a la presidencia del Consejo de Estado a abstenerse de incurrir en actuaciones que puedan comprometer su imparcialidad o que comporten un exceso en las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución Política de Colombia y la ley le asignan.

Enlaces de interés

Congreso Internacional Sistema Acusatorio