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¿Qué sucede con la caducidad de la acción de reparación directa en las ocupaciones temporales de inmuebles por parte del estado, cuando ya pasaron 2 años de iniciada la ocupación y aún no ha cesado, pero se quiere demandar?

A menudo nos encontramos en el ejercicio de la profesión con casos que presentan una situación compleja por los diversos criterios judiciales y los vacíos de algunas normas o de la misma Jurisprudencia.

Tal es el Caso de la caducidad de la acción de reparación directa en las ocupaciones de bienes inmuebles privados por parte del Estado, y la diferencia entre las que tienen vocación de permanencia y las de carácter temporal.

Es menester precisar, que la caducidad para iniciar la acción de reparación directa es de 2 años desde iniciada la ocupación (Regla general), pero cuando hablamos de ocupaciones temporales, los 2 años se contarán desde que cesa la ocupación.

Este artículo pretende mostrar los vacíos jurídicos y la necesidad de una unificación jurisprudencial al respecto por parte del Honorable Consejo de Estado, pues actualmente la ley y la jurisprudencia reinantes, dejan muchas dudas en ciertos casos, por ejemplo: ¿Qué sucede cuando ya han pasado más de 2 años desde iniciada la ocupación, y la misma no ha cesado, pero se sabe que un día va a cesar? ¿Qué debe hacer un juez cuando llega a su despacho un caso así? ¿Cómo determinar realmente si ha operado o no la caducidad? ¿Cómo determina el juez cuanto es el tiempo necesario para hablar de vocación de permanencia? ¿Cómo probar la vocación de temporalidad cuando aún está ocupado el predio?

Pero… ¿Qué dicen la ley y la Jurisprudencia al respecto?

Ley 1437 2011: En su artículo 140, nos habla de la Acción de reparación directa y de la responsabilidad que tiene el estado “(…)el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa (…)”
En el Artículo 164, numeral segundo literal (i), nos indica que la oportunidad para presentar la demanda so pena de que opere la caducidad en los casos de reparación directa debe presentarse “dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

La Sala de lo contencioso Administrativo de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sala Plena. En sentencia del 9 de febrero de 2011, con radicado 38271, declara:
“30. La jurisprudencia de la Sala distingue dos supuestos, en lo que tiene que ver con la ocupación temporal o permanente de inmuebles:

(i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior. En la sentencia del 10 de junio de 2009 se dijo al respecto:
“En los asuntos relativos a la ocupación de un inmueble por trabajos públicos, la jurisprudencia ha reiterado, en varias oportunidades (…), que el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que cesó la ocupación del bien, como quiera que la pretensión del afectado es reclamar los perjuicios que se dieron durante el lapso que permaneció ocupado el terreno y estos sólo pueden determinarse, cuando aquella haya cesado. (…)

Como quiera que el acta de iniciación del contrato no fue aportada al expediente y de las actas de reunión no se puede establecer claramente cuándo se dio por terminado aquel, en el presente caso no se declarará la caducidad de la acción toda vez que al no existir claridad sobre la fecha exacta de finalización de la obra, se entiende que no ha corrido el término legal de 2 años para presentar la demanda de reparación directa por ocupación de inmueble por trabajos públicos (7).

Por otra parte, (ii) cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”, el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma:
Así las cosas, en tratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles el inicio del término para intentar la acción de reparación directa coincide con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del inmueble, es decir, desde cuando cesó la ocupación temporal, o desde cuando se terminó la obra en relación con la ocupación permanente, y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo, de acuerdo con las circunstancias concretas del caso.( 8 Sentencia del 7 de mayo de 2008, expediente 16.922, demandante: Sociedad Preycosanter Ltda., C.P.: Ruth Stella Correa.)”.

Hubo un caso reciente, en el cual el propietario inició el proceso, pues el Ejército ocupó su predio ilegalmente y nunca le quiso pagar al menos un canon de arrendamiento, pero desde el comienzo le aseguraban que estaban tramitando la compra del bien con la gobernación y así dilataron por más de 6 años, tiempo para el cual, ya había pasado el termino de caducidad en cuanto a las ocupaciones permanentes y le informaron que no le iban a comprar el bien.

Entonces él formalmente acudió al derecho de petición solicitando le compraran el bien o le pagaran un canon de arrendamiento o lo desocuparan, al cual respondieron lo siguiente: “ésta unidad táctica por la necesidad militar de cumplir misiones en diferentes lugares según el área de responsabilidad asignada, debe ser netamente móvil y no es posible adelantar obras para construir bases o edificaciones fijas” por lo cual no le podían comprar el bien, y que no le iban a pagar cánones de arrendamiento porque además, “En su archivo no reposaba ningún contrato de arrendamiento”.

El señor decidió acudir la Jurisdicción Contencioso administrativa pues de acuerdo a dicha respuesta, la ocupación no era temporal y podía demandar para obtener la reparación, pero el Ejército alegó en su favor la prescripción de las ocupaciones temporales, pese a que fueron ellos los que lo engañaron para que se pasara dicho término. En el proceso, tanto en primera como en segunda instancia le decretaron la caducidad porque habían pasado más de 2 años desde iniciada la ocupación, pese a que él había aportado debidamente la respuesta que el ejército le dio, para demostrar el carácter temporal de dicha ocupación, por ser una brigada móvil que no iban a comprar porque no podían construir nada fijo, por ello no había vocación de permanencia. Pero, el juez al no saber cuándo se iban, optó por acoger las excepciones del Ejército y decretar la caducidad en la sentencia por ser excepción mixta, y el tribunal confirmó, con graves aseveraciones como las siguientes:

“Las ocupaciones temporales son las que se derivan de la ejecución de una obra, razón por la cual se invade el inmueble de un particular por el tiempo que dure su realización y su reparación se puede incoar al momento de su terminación, que es cuando se conocen los efectos producidos”.

Según este concepto del tribunal, las ocupaciones temporales son exclusivamente cuando se ejecuta una obra pública, dicha afirmación no tiene fundamento Legal ni Jurisprudencial, pues realmente existen muchos casos que son temporales y no necesariamente para ejecución de obras públicas.

Continúa el tribunal:

“la ocupación inició el 12 de mayo de 2004, y la fecha de presentación de la demanda, esto es el 02 de diciembre de 2011, ésta todavía estaba vigente, siete años asentado en dicho lugar, lo que convierte la ocupación en permanente, pues se reitera, fueron varios años asentados en la propiedad del demandante. Adicionalmente, el Ejército no estaba realizando ninguna obra y por tanto no se puede predicar su temporalidad, pues llegaron un día a instalar su base militar sin anunciar cuanto tiempo permanecería allí”.

Según estas afirmaciones, Si no se ejecuta una obra pública, entonces la ocupación no es temporal y si se llevan más de siete años en un lugar, se convierte en permanente. Continua el tribunal, afirmando que para que se pueda “Predicar su temporalidad” el Ejército debió anunciar desde el principio cuanto tiempo permanecería allí; O sea que si la entidad demandada no dice cuanto se va a quedar se entiende que es permanente y con esto pasados 2 años de iniciada la ocupación se libran de acciones en su contra, incluso si sucede como en este caso, que le dijeron al propietario que le iban a comprar, que no se preocupara; pero cuando ya habían pasado más de los 2 le dijeron que ya no y que tampoco le pagaban canon pues no existía contrato de arrendamiento.

Continúa el tribunal:

“la ocupación que se describe en el proceso de la referencia, es permanente porque esta es la vocación que tuvo, es decir, no se trató de la ejecución de una obra y además llevaba allí más de siete años lo que significa que debe ser tratada como permanente”.

Según el criterio propio del tribunal, la vocación de permanencia se da cuando no se ejecuta una obra pública y lleva allí más de 7 años (Cosa que ni la ley ni la jurisprudencia consagran), y que por ello debía tratarse como permanente, pese a haber prueba suficiente en el expediente donde el Ejército declaraba que no podían comprar por ser una unidad de naturaleza móvil y no podían quedarse de forma fija (Lo que demuestra claramente que no hay vocación de permanencia) y siendo esa la razón por la que no compraron.

Lo más triste es que posteriormente el ejército conforme había anunciado, abandonó el bien dejándolo en un pésimo estado, donde según el peritaje realizado, el daño emergente por las reparaciones, es igual al valor comercial del bien, esto sumado a que es un pobre campesino que vela por su familia y vivía de alquilar los terrenos para que los ganaderos llevaran a pastar sus semovientes.

Ante este panorama, no sobran los interrogantes sin resolver, respecto al criterio que debe manejar el Juez cuando la ocupación realmente es temporal, pero aún no ha cesado ni se sabe cuándo va a cesar.

¿Qué debe hacer el Juez en estos casos? ¿Qué pasa cuando el juez le decreta la caducidad y posteriormente el estado abandona el bien pero ya no hay tiempo de recursos y hay cosa juzgada? ¿Qué opción le queda al afectado? ¿Tutela contra sentencia? ¿Reparación directa por error Judicial?

Esperemos una pronta Sentencia de Unificación por parte del Honorable Consejo de Estado.

Por: Andrés Upegui Escobar.
Abogado Indemnizaciones Paz Abogados S.A.S

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