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DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CORTES INTERNACIONALES

Por Roberto F. Paz Salas

“La paz, la convivencia humana, la no violencia, pero también la justicia social y la democracia, solo es posible edificarla en el respeto y la vigilancia permanente de los derechos humanos para todos por igual”.

El Derecho Internacional Humanitario es diferente de los derechos humanos, pero tienen en común que tanto el uno como el otro promueven un sistema de vida digna, solidaria y de protección de las personas. Mientras los derechos humanos lo hacen para todo tiempo, el derecho internacional humanitario lo hace para las diferentes situaciones de guerra internacional o conflicto armado interno.

La Carta de las Naciones Unidas (1.945), proclama que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es desarrollar y estimular el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. La primera expresión concreta que recibió este llamamiento fue la promulgación en 1.948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aprobada sobre el telón de fondo de los horrores de la segunda guerra mundial, la Declaración Universal fue el primer intento que hicieron todos los Estados de definir, en un único documento, un catálogo completo de los derechos del ser humano. Como su nombre indica, no se concibió como un trato sino mas bien como una proclamación de los derechos básicos y las libertades Fundamentales, con toda la fuerza moral que entraña un acuerdo universal. Por eso su finalidad se describe como un “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”2. En términos generales, la Declaración Universal establece dos amplias categorías de derechos y libertades, los derechos civiles y políticos por una parte y los derechos económicos, sociales y culturales de por la otra… Cuando se aprobó la Declaración Universal, ya había amplio acuerdo en que debía darse expresión jurídica a los derechos humanos en forma de tratad, que fuera directamente vinculante para los Estados que aceptaron considerarse obligados por sus condiciones. Esto dio lugar a largas negociaciones en la Comisión de Derechos Humanos, el órgano político establecido en 1.946, integrado por representantes de los Estados que se reúnen anualmente en Ginebra para examinar la amplia variedad de cuestiones relativas a los derechos humanos. En 1.966 la Asamblea General aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos Pactos Internacionales de derechos humanos constituyen la piedra angular de una larga serie de tratados internacionalmente vinculantes que abarcan múltiples cuestiones en la esfera de los derechos humanos. Los tratados definen derechos humanos y libertades fundamentales y fijan normas básicas que han servido de inspiración a más de 100 convenios, declaraciones, conjuntos de normas y principios en materia de derechos humanos de alcance internacional y regional.

Además de los Pactos, hay otro cinco tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas: La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1.955), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1.990). Muchos de los tratados tienen también protocolos facultativos, que son tratados aparte que añaden disposiciones sustantivas o de procedimiento al tratado al que se refieren.

Cada uno de estos tratados, incluidos los dos Pactos, siguen un mismo esquema. Exponen una serie de derechos sustantivos en lo que suele denominarse la parte “normativa” del tratado, que definen los derechos básicos y las libertades fundamentales en la esfera que se ocupa dicho tratado. Un órgano o comité de supervisión independiente establecido por el tratado mismo, vigila la aplicación del tratado por los Estados Partes. Esos comités están integrados por expertos independientes elegidos por los estados que son Partes en el tratado, cuya imparcialidad, independencia y experiencia en materia de derechos humanos los faculta para evaluar los progresos realizados por los Estados Partes en relación con las normas establecidas en el tratado en cuestión. En el caso del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS Civiles y Políticos, el órgano credo en virtud de ese tratado para tal finalidad es el Comité de Derechos Humanos.

La Carta Internacional de Derechos Humanos ocupa un lugar central en las actividades de las Naciones Unidas para proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Carta consiste en tres instrumentos: La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1.948: el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea General aprobó ambos Pactos en 1.966.

Estos tres elementos claves definen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Establecen normas básicas que han servido de inspiración a más de 50 convenciones, declaraciones, conjuntos de reglas y principios de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Los Pactos son instrumentos jurídicos internacionales. Esto significa que los estados Miembros de las Naciones Unidas, al ratificar un Pacto a adherirse a éstos, aceptan la obligación de dar fuerza de ley a los derechos en él proclamados. Un rasgo novedoso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue el establecimiento de un órgano de expertos par supervisar su aplicación: El Comité de Derechos Humanos.

DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos encomendó cuatro tareas básicas al Comité de Derechos Humanos.

  1. El Comité recibe y examina los informes de los Estados Partes (Estados que han ratificado el Pacto o que se han adherido a él), sobre las disposiciones que han adoptado para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto.
  2. El Comité formula recomendaciones concretas a los Estados Partes, sobre la base del examen de sus informes.
  3. El Comité formula observaciones generales que asumen la forma de interpretaciones del alcance y el significado de ciertas disposiciones del Pacto, ideadas para ayudar a los Estados Partes, a dar cumplimiento a sus disposiciones.
  4. El Comité puede recibir también comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone el Pacto, ofrecer sus buenos oficios y, de fracasar otros medios, nombrar una comisión de conciliación.
  5. El Comité de Derechos Humanos recibe y examina comunicaciones de los particulares que denuncian que un Estado Parte en el Pacto ha violado sus derechos Humanos. Esta función se estableció en el Protocolo Facultativo del Pacto. El Protocolo Facultativo fue aprobado por la Asamblea general, al mismo tiempo que el pacto propiamente dicho, el 16 de diciembre de 1.966.

RESTRICCIONES

Los derechos humanos que abarca el Pacto son fundamentales y de gran amplitud; las únicas restricciones son las que permite el propio Pacto. Además, algunos derechos jamás pueden ser suspendidos o restringidos, aun en situaciones de Excepción. Ningún Estado Parte puede eludir sus obligaciones de proteger el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a no ser sometido a esclavitud o a servidumbre, el derecho a no ser encarcelado por deudas, el derecho a no ser sometido a leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

ENTRADA EN VIGENCIA

El Pacto entro en vigor el 23 de marzo de 1.973[3], al haberlo ratificado o haberse adherido a él 35 Estados. El mismo día, 12 Estados ratificaron el Protocolo Facultativo, que, en consecuencia, También entró en vigor. En Marzo de 1.991, 93 Estados habían ratificado electo o se habían adherido a él, y 53 habían ratificado el Protocolo Facultativo. La entrada en vigor del Pacto allanó el camino para el establecimiento del Comité de Derechos Humanos en septiembre de 1.976.

COMPOSICIÓN

El Comité de Derechos Humanos se compone de 18 miembros, que deben ser nacionales de los Estados Partes en el Pacto. Son, como se dicen en el Pacto, “personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos”, tomándose en consideración “la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica”.

Los miembros del Comité ejercen sus funciones a título personal, no como representantes de sus países. Son elegidos por votación secreta de los Estados Partes por períodos de cuatro años. A intervalos de dos años se celebran en la Sede de las Naciones unidas, durante el período anual de sesiones de la Asamblea General, elecciones para elegir a la mitad de los miembros. Los miembros eligen al Presidente, a los Vicepresidentes ya Relator del Comité por periodos de dos años.

LA LABOR DEL COMITÉ

El Comité de derechos Humanos4 celebra normalmente tres periodos de sesiones, de tres emanas de duración cada uno, durante el año. Estos períodos de sesiones se celebran normalmente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York en la primavera y en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en el verano y el otoño. Sin embargo, el Comité puede reunirse en cualquier lugar. Dos grupos de trabajo – integrados por no más de cinco miembros del Comité cada uno – se reúnen durante una semana antes de cada período de sesiones.

INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

Todos los Estados que han ratificado el Pacto o que se han adherido a éste comprometen a presentar informes al Comité sobre las disposiciones que han adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso realizado en cuanto al goce de esos derechos. El Comité proporciona directrices generales para ayudar a los gobiernos a preparar sus informes.

El primer informe debe presentarse en el plazo de un año a contar de la fecha de entrada en vigor del Pacto con respecto al país interesado. Cada cinco años se deben presentar informes sobre los nuevos acontecimientos. Normalmente el Comité tarde dos días en examinar cada informe, que es presentado por un representante del país interesado. Los miembros del Comité hacen preguntas al Vicepresidente par obtener información específica sobre las leyes adoptadas para dar cumplimento a las disposiciones del Pacto y verificar si las prácticas administrativas y judiciales se ajustan a él.

La interpretación de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de modo que no quede duda alguna sobre el alcance y el sindicado de sus artículos, ha pasado a ser una función importante del Comité de Derechos Humanos.

Entre las cuestiones del Pacto tratadas en los comentarios generales del Comité figuran las siguientes:

  1. El derecho a la libre determinación;
  2. La no discriminación en la aplicación del Pacto y la disponibilidad de recursos para las personas cuyos derechos o libertades han sido violados;
  3. El goce de los derechos civiles y políticos por hombres y mujeres en pie de igualdad;
  4. Las condiciones en que los Estados pueden suspender sus obligaciones en períodos de emergencia;
  5. El derecho a la vida;
  6. La prohibición de la tortura y de los tatos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  7. El derecho a la libertad ya la seguridad, y las condiciones de detención y de juicio;
  8. Las condiciones de detención humanitarias;
  9. La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto;
  10. La igualdad ante las cortes y los tribunales, el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, las garantías mínimas para las personas acusadas, la revissión de las condenas y la indemnización POR LOS ERRORES JUDICIALES;
  11. El derecho a la vida privada y la protección contra los ataques contra el honor y/o la reputación de la personas;
  12. La libertad de opinión y de expresión;
  13. La prohibición de la propagada bélica y de la incitación al odio nacional, racial o religioso;
  14. La protección de la familia y la igualdad de derechos de los cónyuges;
  15. Los derechos de los niños y su protección.

DE LAS DENUNCIAS DE PARTICULARES:

Sin duda alguna, constituye un avance muy grande en el campo del derecho internacional y en particular en materia de derechos humanos es el hecho de que los particulares que consideran que sus derechos y libertades han sido violados pueden pedir explicaciones al Estado d que se trate, a condición de que éste sea Parte en el PACTO Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo.

En las postrimerías del decenio de 1.980, la mayor toma de conciencia por parte del público de la labor del Comité de Derechos Humanos con arreglo al Protocolo Facultativo multiplicó el número de comunicaciones recibidas de particulares sobre violaciones de sus derechos.

El Comité examina las comunicaciones de particulares en sesiones privadas. Las cartas de éstos, y los demás documentos del Comité sobre casos particulares, son estrictamente confidenciales.

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS DENUNCIAS

Hace referencia a que las comunicaciones no deben ser anónimas, y no podrá tenérselas en cuenta a menos que procedan de una persona o de varias personas sujetas a la jurisdicción de un Estado que sea Parte en el Protocolo Facultativo. Normalmente, la comunicación debe ser enviada por el particular que alegue que sus derechos han sido violados por el Estado. Cuando sea evidente que la presenta víctima no puede presentar una comunicación, el Comité podrá examinar la comunicación de otra persona, que deberá demostrar que actúa en nombre de la presunta víctima. Ningún tercero sin vínculos patentes con la persona cuyos derechos han sido presuntamente violados podrá presentar comunicaciones.

No se considerará una denuncia si el mismo asunto está siendo investigado con arreglo a otro procedimiento internacional, y deberá agotarse todos los recursos internos antes de que el Comité pueda examinarla.

DEL AGOTAMIENTO DE LOS MECANISMOS INTERNOS

Agotamiento de los Mecanismos Internos, constituye un requisito de procedibilidad necesario para acudir a los Organismos Internacionales en defensa de un derecho vulnerado por el Estado Infractor.

La Admisibilidad de una petición está condicionada a que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Esta regla no es aplicable cuando esos recursos no existan o no sen adecuados y efectivos, tal como ocurre cuando a) no existe el debido proceso para proteger el derecho lesionado; b) se ha denegado a la víctima el acceso a los recursos existentes o c) hay retardo injustificado en la decisión sobre los mismos. El Reglamento ha prescrito que la regla tampoco es aplicable cuando se trata de casos generales de violación de derechos humanos.

La regla del previo agotamiento de los recursos internos se ha establecido en provecho del Estado, y es renunciable por el Estado interesado en hacerla valer. La renuncia puede ser tácita, lo que ocurre cuando el Estado interesado asume una actitud incompatible con hacerla valer o no la opone oportunamente, lo que indica que debe ser invocada en las primeras etapas del procedimiento. En cambio, la decisión sobre la excepción del gobierno por la que alegue que se han agotado los recursos internos puede ser suspendida para ser resuelta junto con el fondo, sobre todo si se discute sobre la existencia o efectividad de los medio de protección a los derechos humanos en el Derecho Interno.

EVALUACIÓN DE UNA DENUNCIA

Si se declaró por parte del Comité admisible una denuncia, éste puede al Estado interesado que explique o aclare el problema y que indique si se ha hecho algo para solucionarlo. El Estado Parte tiene un plazo de seis (6) meses para responder. Seguidamente el autor de la denuncia tiene la posibilidad de formular observaciones sobre la respuesta del Estado. Posteriormente, el Comité emite sus opiniones finales y las envía al Estado interesado y al autor.

En sus procedimientos, el Comité pone en pie de igualdad a los denunciantes particulares y a los Estados que presuntamente han violado sus derechos. Cada uno tiene la oportunidad de formular observaciones sobre los argumentos del otro. Las conclusiones del Comité – sus opciones sobre las comunicaciones declaradas admisibles y cuyo fundamento se ha examinado, así como las decisiones en que se declara la inadmisibilidad de otras comunicaciones – se publican siempre inmediatamente después del periodo de sesiones en que se aprobaron y se reproducen en el informe anual del Comité a la Asamblea General5. Además, se está publicando en una serie de volúmenes una selección de las decisiones del comité con arreglo al protocolo Facultativo.

PROTECCIÓN PROVISIONAL

Por regla general se tarda un año para declarar que un caso es admisible o inadmisible. El examen del fondo del caso puede requerir uno o dos años más, según el grado de cooperación de los Estados Partes y los autores de las denuncias en la presentación de toda la información de que precisa el Comité.

Las personas que afirman que sus derechos humanos han sido violados pueden necesitar protección de que el Comité adopte sus conclusiones finales. Sin perjuicio del fundamento de las denuncias, el Comité ha dirigido algunas veces, por esta razón, peticiones urgentes a los Estados inter3esados. Por ejemplo, ha habido caso en que el Comité ha aconsejado que no sé cumplimiento a una amenaza de expulsión o que se suspenda una sentencia de muerte, o ha señalado la necesidad de un examen medico urgente.

DE LA CARGA DE LA PRUEBA

No está facultado el Comité para realizar investigaciones independientes, no obstante lo anterior, debe examinar la información escrita facilitada por las partes. En varios casos relativos al derecho a la vida, la tortura y los malos tratos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, EL Comité ha determinado que la carga de la prueba no puede recaer exclusivamente sobre el denunciante de la violación de los derechos y libertades. El comité afirma además que no es suficiente refutar en términos generales una denuncia de violación de los derechos humanos de una persona.

MODIFICACIÓN LEGISLACIÓN

Algunos países han modificado su legislación como consecuencia de las decisiones del Comité sobre las distintas denuncias presentadas con arreglo al Protocolo facultativo. En varias ocasiones se ha puesto en libertad a los presos y se ha indemnizado a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El Comité ha instituido recientemente un mecanismo por el cual trata de fiscalizar más de cerca si los Estados aplican las decisiones finales adoptadas por él sobre el fondo de un caso; las primeras reacciones de los Estados Partes han sido alentadoras.

La laborar del Comité de Derechos Humanos con arreglo al Protocolo Facultativo concierne a las comunicaciones presentadas por particulares.

En Síntesis, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, no es ni un tribunal, ni un órgano con un mandato cuasi judicial. Sus decisiones se describen como “opiniones” y no “sentencias”. Sin embargo, el Comité expresa sus opiniones sobre el fondo de los casos que examina con arreglo al Protocolo Facultativo en lenguaje judicial, y la experiencia ha demostrado que los Estados que aceptan su competencia en la práctica se toman en serio sus conclusiones. Habitualmente adoptan medidas administrativas, judiciales y legislativas conforme a las decisiones del Comité.

En los últimos años el número de Estados que han ratificado el Pacto y su Protocolo Facultativo ha ido creciendo la influencia del comité de Derechos Humanos, que podría llegar a ser universal.

Finalmente se pretende que a toda persona que se le haya violado un derecho humano , protegido por la legislación internacional: Comisión de Derechos Humanos en Washington, Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, o Comisión de Derechos Humanos ( oficina del alto comisionado para los derechos humanos), en Ginebra Suiza, tenga la oportunidad de denunciar o comunicar sobre tal violación a los Organismos Internacionales, una vez haya agotado los mecanismos internos en el país donde se violó los derechos humanos. El agotamiento de los mecanismos internos no son otra cosa que acudir a las instancias judiciales y/o administrativas donde se violó el derecho humano protegido por los Organismos Internacionales protectores de los derechos humanos: Denuncias Penales en Fiscalía, denuncias ante la Defensoría del Pueblo, ante las Personerías, ante la Procuraduría general de la Nacional, y/o juzgados y tribunales competentes en las instancias de ley, con el objeto de que éstos organismos se pronuncien sobre la denuncia instaurada por la víctima, se haga justicia, y se ordene la reparación de las víctimas. Si no se hace justicia en el país donde se violó el derecho a la víctima, se acudirá dentro de los seis meses siguientes a los Organismos Internacionales citados.

1 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Principios Fundamentales y Zona de Distensión- ASDI. Defensoría del Pueblo. Bogotá – Colombia 2 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: El Comité de Derechos Humanos. Campaña Mundial pro Derechos Humanos- Naciones Unidas No. 16.Ginebra Suiza. [3] Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo. Estudio divulgado por el Centro de Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 8-14, AVENUE DE LA Paix, 1211 Geneve 10, Suiza. 4 Organismo de Expertos para supervisar su aplicación: el Comité de Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Centro de Derechos Humanos, Of. De las Naciones Unidas en Ginebra. 65 La Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integra : La declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1.948 , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Asamblea General aprobó ambos Pactos en 1.966.

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