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La abogacía organizada en un colegio profesional

Alejandro Arenas Arcila*

Miembro del Colegio Profesional de Abogados de Colombia

Decano Honorario Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali

El modelo de los Estados democráticos de derecho no se concibe sin la división de poderes, ejercidos por los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dotados de autonomía e independencia, pero trabajando organizada y armónicamente en el cumplimiento de los fines, principios y garantías de nuestra república unitaria.

Corresponde al órgano judicial la función de “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. No se equivocaba entonces nuestro libertador Simón Bolivar, cuando al reflexionar sobre la justicia, exclamaba: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ellas se sostiene la igualdad y la libertad”.

La historia del sistema judicial ha denotado un desbalance en relación con las demás ramas del Poder Público, tanto así que en un tiempo llegó a tildársele de “la cenicienta de los poderes públicos”.

Bien vale la pena recordar lo que pensaba ese gran estadista Alberto Lleras Camargo (1958-1962), citado en el libro Lleras y el Derecho. Sentido democrático de lo jurídico, con prólogo del gran pensador y estadista Otto Morales Benítez, editado por el Club de Abogados: “Hace muchos años que no hay justicia en Colombia”, “Se dice que el daño está en los Códigos, pero nadie emprende su enmienda. Otros advierten que en los procedimientos, y no se corrigen. Se dice que en los hombres y se eligen los mismos. También se alega que es la organización del poder judicial y no se intentan nuevos métodos para su integración”. Y manifestó con energía: “se demanda una acción inmediata para crear una justicia auténtica, imparcial, austera y sobre todo eficaz y rápida”.

El abogado como representante de las partes en litigio ejerce la defensa de los derechos constitucionales, legales, los derechos humanos, predicándose que, sin ellos, no habrá justicia. Es así como en el orden mundial, los Estados suscribieron el tratado de Naciones Unidas, principios básicos sobre su función, en el año de 1990, firmado en la Habana (Cuba), suscrito y ratificado por nuestro país, donde se establece especial protección de los Estados y las asociaciones que estos conformen.

Regulación normativa

En la legislación interna, se expidió el Decreto 196 de 1971, con el cual se pretendió regular el ejercicio de la abogacía, bajo la vigilancia del Ministerio de Justicia, pero los resultados por más de 40 años han sido absolutamente negativos: hay más de 250.000 abogados en el país, dispersos, con un desconocimiento absoluto de cuántos ejercen ante tribunales, en el servicio público y notariado, sin control alguno sobre su ética e idoneidad, ni la prestación del servicio social. Pero lo más grave: aislados de las facultades de Derecho de donde egresan, vínculo que les permitiría el permanente mejoramiento y perfeccionamiento profesional.

En consonancia, se expidió el Código Disciplinario Único del Abogado (L. 1123/07), radicando la competencia en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero históricamente vienen creciendo de manera exponencial las sanciones contra los abogados y, por ende, la credibilidad ciudadana. En esto, el país se distancia de las demás legislaciones y prácticas del Derecho en el mundo, en donde los abogados tienen un control, son investigados y sancionados por sus propios pares, con resultados altamente positivos.

Nueva agremiación

Frente a este panorama preocupante para la abogacía, no se puede desconocer la lucha permanente de nuestras asociaciones a nivel nacional, para transformar estas dificultades en oportunidades. Así, se logró, en este segundo mandato del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, en la reforma constitucional denominada de Equilibrio de Poderes, que quedara consagrada la creación del Colegio Nacional de Abogados, al cual se le atribuye la facultad, entre otras, de investigar y sancionar las conductas de los abogados.

A esto debemos sumar la gran iniciativa de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), que, con el concurso de las asociaciones de abogados del país, acaba de suscribir el acta de fundación del Colegio Profesional de Abogados de Colombia, con lo cual se da respuesta y solución a una profesión que tanto tiene que hacer para mejorar el Derecho y el funcionamiento judicial.

Esta nueva asociación gremial, que enhorabuena nace de la iniciativa de la academia, marcará un nuevo hito en la formación de los abogados de Colombia, de las nuevas generaciones, inculcando en ellos el talante eminentemente social, ético como principio básico de su ejercicio, la formación académica y profesional. Finalmente, estar integrado con sus propios pares en un colegio, para la defensa del Estado de derecho y, por supuesto, de los abogados, es un hecho positivo.

Para esta nueva visión, estimo necesario instruir a nuestros estudiantes de pregrado en los instrumentos del orden nacional e internacional que regulan su desempeño y en los modelos de colegiación existentes en el mundo. Paralelo a ello, nuestras facultades de Derecho deben crear sus propios colegios, para que surjan las nuevas generaciones que interpreten y participen en una nueva concepción del Estado democrático de derecho y consoliden la convivencia y la paz en esta etapa de posconflicto.

Contribución democrática

Los Estados democráticos no se conciben sin los principios de pesos y contrapesos en las ramas del Poder Público. En Colombia, la Rama Judicial viene reclamando históricamente quién le haga veeduría y, para ello, en el mundo están legitimados los colegios profesionales. Colombia con su tradición jurídica no puede ser la excepción, no es bueno para la democracia, ni para la convivencia, ni para la paz.

Esta iniciativa de Acofade, de crear el Colegio Profesional de Abogados de Colombia, ha sido el producto de varios años de encuentros académicos de intercambio del saber, profundización e innovación de la carrera de Derecho por parte de las facultades y las experiencias recogidas por décadas por las asociaciones de abogados sobre el ejercicio profesional, sus dificultades y particulares riesgos que se derivan, precisamente, de su contacto directo con el Derecho y el servicio de justicia.

Es inobjetable que la falta de regulación profesional, el control ético y la idoneidad vienen desbordando exponencialmente la inmersión en faltas a los deberes, lo que se ha traducido en una alta cifra de sancionados. Pero lo que más preocupa al gremio es la alta cifra de pérdida violenta de vidas y amenazas de colegas, lo que supera, incluso, la de periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Desde hace 12 años, ello motivó la presencia y la solidaridad internacional de organizaciones no gubernamentales, como Abogados Sin Fronteras de Francia, la Sociedad de Abogados de Londres y del Consejo General de la Abogacía Española, quienes, de una manera solidaria e incondicional, nos han compartido su solidaridad y larga experiencia colegial, la cual ha gozado históricamente del reconocimiento y respeto de sus autoridades nacionales.

Son innumerables los beneficios que traerá para el país, los ciudadanos y los abogados la creación de esa novedosa institución, como el ser órgano asesor en materia de reformas a la justicia, del servicio jurídico gratuito a sectores menos favorecidos, de los centros penitenciarios y del perfeccionamiento ético y profesional de los letrados.

Este es un paso trascendental para la abogacía colombiana, con lo cual la aproxima a los estándares internacionales, lo que demandará un tiempo considerable y proceso de desarrollo, hasta llegar a la estipulación constitucional de una colegiación obligatoria para los abogados.

Tomado de: https://www.ambitojuridico.com

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