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¿LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN SERIE Y NO EN SERIO?

Como abogado, profesor, socio de Colegas o simplemente como ciudadano y padre de familia, he observado un cambio sustancial en la formación de profesionales en diferentes ciencias, artes y oficios, he llegado a la conclusión por lo que oigo, escucho y veo de que se está pasando lentamente una “formación personalizada y cualificada” a una formación “en masa”, lo que me ha llevado a hacerme la pregunta: ¿Se está formando al profesional en nuestro país “en serie y no en serio”?

Conocemos que la educación es un Derecho fundamental de toda persona, sabemos así mismo, que la misma debe ser de calidad en la formación del profesional, orientada en todo momento al alumno como eje central de dicha educación y a unas buenas instalaciones físicas para desarrollar la hermosa tarea de la Docencia.

Hoy se habla de los principios de Autonomía Universitaria y el de inclusión social como el fundamento para aceptar un alto número de estudiantes en las Universidades y los diferentes centros educativos, algo totalmente lógico y respetable a la luz de la teoría del negocio –comercio, ya que deja unos buenos rendimientos económicos a un grupo de inversionistas y socios particularmente en el sector privado, que se atreven a generar espacios educativos en un país en donde en lo público se carece en gran cantidad de dichos espacios, asunto que en mi sentir es positivo, pero desafortunadamente, se está generando un efecto colateral negativo como consecuencia de ello (causa – efecto), el más notable y visible de ellos es una deficiente formación académica y un profesional con dificultades para ser competente en su ejercicio.

Es verdaderamente preocupante, observar como se ha “masificado la educación”, para poner un ejemplo en asuntos puntuales, basta observar y mencionar como en algunos centros educativos, afortunadamente muy pocos en el espacio sagrado donde se enseña como son “los salones de clase”, estos se ven “atiborrados de estudiantes” con volúmenes de alumnos de 30 a 50 por grupo como promedio, lo que lleva al docente como emisor y primer respondiente de un mensaje educativo a encontrarse con muchas dificultades para transmitirlo adecuadamente, particularmente, si tenemos en cuenta que un docente con un promedio de dos horas de clase, físicamente queda extenuado, pues la palabra y la voz como es totalmente lógico no le dan para llegar adecuadamente a ese alto número de alumnos y lo que es más delicado aún, existiendo ayudas tecnológicas para ello, como micrófonos y demás, estas o no existen en el salón de clase o están dañadas o no son suficientes; que no decir de las dificultades que se presenta en lo logístico o lugares o plantas físicas en general donde se trasmiten los conceptos académicos como por ejemplo, dificultades de acceso y de salidas seguras en caso de un evento catastrófico, poca iluminación, poco aire y ventilación (se han presentado desmayos), alumnos con sillas de clase prácticamente una “encima de la otra”, con un espacio entre los alumnos y el docente de “pocos metros” lo que impide la movilidad suficiente de este y el adecuado proceso de enseñanza, alumnos sentados en pupitres en “las entradas del salón o fuera de estos” porque físicamente no tienen donde ubicarse, de tal forma que el receptor del mensaje educativo cual es el estudiante ya masificado, por simple asunto de “sentido común” no capta dicho mensaje al descodificarlo y por ello le recibe distorsionado o lo peor no lo recibe, lo que lo lleva a no aprender o aprender deficientemente desmejorando su calidad académica y su futura competencia profesional.

A todo lo anteriormente planteado, se le suman los currículos “exprés”, mediante los cuales “cátedras básicas” en la formación de todo profesional que deben tener como mínimo un semestre para ser enseñadas y evacuadas correctamente, se dictan de manera casi que por “arte de magia” por el docente en tres y cuatro meses, lo que lleva obviamente a que humanamente sea imposible realizar un adecuado serio, eficaz y eficiente proceso de enseñanza - aprendizaje, para tratar de mitigar estos negativos se habla en los modelos educativos de generar “autonomía” en el estudiante, es decir es a este el que le corresponde profundizar los conceptos que el docente transmite, pero se nos olvida que estamos en la época de la tecnología fuente de consulta para el estudiante y la que normalmente crea pereza mental, pues basta el “cortar y pegar”, para nada se buscan las biblioteca y los libros, entonces sumado a un mensaje educativo precario, se da el del “facilismo” en la consulta que da la tecnología, es todo un dolor de cabeza para el docente, comprometer a los estudiantes en “consultar e investigar”, basta leer algunos proyectos de investigación y de grado son un verdadero dolor de cabeza para el estudiante y para el docente tutor por falta de competencias y calidades materiales y formales en su planteamiento, elaboración y sustentación, simplemente en un trabajo investigativo basta poner como ejemplo la dificultad de la formulación de la pregunta problema entre otros.

Esta temática respetuosamente expuesta, no es ajena a nuestra profesión del derecho y a algunas facultades de Derecho. Se Observa, que a veces el profesional del Derecho que egresa bajo el concepto de “cantidad o en serie y no, calidad o “en serio”, tiene deficiencias en sus competencias o aptitudes, lo que los puede llevar a ser sancionado por los entes que controlan su profesión y más grave aún a ser sancionado por la sociedad con el descredito de la profesión y del profesional, sociedad que observa un profesional no capacitado para representar sus intereses en un juicio en diferentes actuaciones que requieren de su concurso; sumado a ello, se da la innegable existencia en nuestra sociedad Colombiana de “una reinversión de principios y valores morales, éticos, sociales y culturales” que afectan fuertemente la ética profesional y que están influyendo necesariamente en la calidad del ejercicio profesional.

Se manifiesta por algunos estudiosos del problema que la solución a la calidad del profesional del derecho debe ser enfocada desde varios frentes, el primero desde sus inicios con un adecuado proceso de selección e ingreso al programa educativo del derecho, mirando más a futuro la calidad que la cantidad, hoy en día se observa como es muy fácil acceder a un proceso educativo, han desaparecido en un alto índice, los exámenes de admisión, las pruebas psicotécnicas, las entrevistas y las visitas domiciliarias a quien se postula como estudiante Universitario particularmente en el sector de la Universidad privada, todo ello ha facilitado que al masificarse el ingreso sin unos filtros de selección adecuados, se disminuye necesariamente los estándares de calidad del estudiante. El segundo frente que se plantea como solución es mediante el diseño de un pensum educativo adecuado en los tiempos para dictarse, enseñarse y aprenderse, así mismo el diseño y puesta en práctica de unas pruebas evaluativas eficaces y eficientes que estas no sean un simple requisito de medición para efectos de acreditación, sino un requisito de grado de carácter obligatorias como lo podrían ser los exámenes preparatorios y son las pruebas de estado, por último exigir al egresado la afiliación a una colegiatura obligatoria, y darle facultades a los Colegios de Abogados como “espacio natural de este profesional “el ejercer ellos un control primario de la calidad del profesional del Derecho, exigiendo por ejemplo que profesionales con sanciones reiterativas a su conducta no puedan pertenecer a dichos “Colegios”, así mismo permanentemente capacitando y actualizando permanentemente a dicho profesional con cursos, los cuales sean evaluados, así funciona en otros estados en otros países con satisfactorios resultados.

Todo lo planteado nos lleva a preguntarnos: ¿Si en el sistema educativo colombiano se están formando y egresando profesionales en “EN SERIE Y NO EN SERIO?; ¿Hasta qué punto la masificación en la educación lo que ha generado es deficiencia en la formación y falta de competencia en el profesional que egresa?

En buena hora el asunto de la aptitud del futuro profesional del derecho se está tratando de regular por el Congreso de la República, en reciente escrito con fecha 9 de diciembre de 2016 publicado en Ámbito Jurídico titulado “Los Exámenes habilitantes para ejercer la profesión de abogado” se indica en uno de sus apartes por el autor del mencionado escrito el Dr. Carlos Mario Molina Betancur- Director Ejecutivo Asociación Colombiana de Facultades de Derecho/ Acofade, lo siguiente que se transcribe textualmente:

“Desde hace algún tiempo, se viene solicitando un examen habilitante para poder ejercer la profesión de abogado en Colombia, no solamente por el número tan alto de sancionados cada año, sino porque nuestro país es uno de los pocos en el mundo que no lo implementan. Con este propósito, un recién proyecto de ley, presentado en el Senado de la República, por Germán Varón Cotrino, Angélica Lozano Correa y Carlos Germán Navas Talero, establece en su único artículo que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá certificar la aprobación del Examen de Estado de Calidad en Educación Superior que, para el efecto, realice el Icfes, de conformidad con lo establecido en la Ley 1324 del 2009. Se entenderá aprobado el examen de Estado cuando el resultado supere el 60 % del máximo puntaje de la respectiva prueba. Este único artículo precisa que si el graduado no aprueba la evaluación en la primera oportunidad, podrá presentarlo en la siguiente convocatoria que señale el Icfes, es decir un año después. Si no aprobase este examen de Estado, en la segunda oportunidad, el graduado podrá presentarlo en una tercera y última ocasión, pero, además, deberá hacer un curso de actualización en un programa de Derecho con registro calificado y reconocimiento de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Dicho curso tendrá una intensidad no inferior a 20 créditos académicos y una duración no menor de seis meses. Esto lo deberá acreditar en el momento de la inscripción. Además, dicho artículo establece que la certificación de la aprobación del examen de Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces, al momento de expedición la tarjeta profesional de abogado. Dicho requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado, así establecido, se aplicará a quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la presente ley”.

Esperemos que estos y otros esfuerzos no queden a la mitad de camino, se logren mejores y mayores competencias en los profesionales que egresan, todo ello en beneficio de las diferentes profesiones y en particular la muy bella profesión del Derecho.

Los planteamientos anteriormente expuestos, los hago con todo respeto a las instituciones, personas y entidades públicas y privadas encargadas e involucradas en el manejo del asunto, agradeciendo las diferentes instituciones educativas y personas que me han permitido ejercer la hermosa profesión de la enseñanza a través de la docencia, lo hago para poner a pensar, respetando toda crítica y opinión en contrario, la idea es hacer un aporte ya que nos “duele” nuestra profesión y la calidad y competencia.

Att.

Álvaro José Rodríguez Maya.
Abogado- Docente.
Socio Colegas.

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