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Resolución de conflictos empresariales. La nueva corte especializada de la superintendencia de sociedades.

Uno de los problemas que más preocupa al empresario y que ha sido fuente inagotable de inconvenientes es la inseguridad jurídica, mal que no es nuevo, por el contrario, ha sido una molestia permanente que ha afectado la confianza, seguridad, estabilidad y crecimiento de las empresas, por lo tanto, es uno de los factores para que el nivel de competitividad no haya sido ni el más óptimo ni el más eficiente trayendo consigo crisis y estancamiento. Esa inseguridad jurídica se traduce en dos hechos: multiplicidad de leyes que cambian constantemente y la demora e inconsistencia de los procesos judiciales.

Lo que se busca entonces no es más que lograr un régimen legal sólido el cual consiste en buenas leyes y en ejecución judicial pues tal y como lo han afirmado juristas y analistas económicos “un régimen legal sólido es un catalizador de la innovación empresarial”. Es por ello que una de las principales preocupaciones del Estado colombiano para garantizar un clima jurídico que permita ser el escenario para que las empresas se desarrollen adecuadamente y crezcan es precisamente la creación de normas pertinentes a las necesidades de la realidad y la eficacia de las mismas a través de mecanismos que permitan la solución justa de los conflictos.

En primer lugar, siempre se ha discutido sobre la eficacia de las normas jurídicas que regulan asuntos empresariales pues en más de una ocasión se han redactado por expertos juristas apegados a la más pura teoría del Derecho así como en la copia descontextualizada de leyes importadas sin consultar al empresario, quien convive con las dificultades y necesidades que debe resolver; por lo cual, la norma resulta ineficiente y sin aplicación. Resulta necesaria una comunidad empresarial activa y partícipe que origine y propicie el cambio conforme a sus verdaderos intereses mediante la participación en la elaboración de proyectos de ley y el acompañamiento durante su trámite en el debate y aprobación así como una constante revisión de la normativa vigente para su modificación y actualización. De esta forma se tendrían normas creadas por iniciativa empresarial, es decir, por el mismo destinatario, lo que aseguraría su correcta aplicación y cumplimiento de forma simple y sencilla sin mayor coacción.

No obstante lo anterior, ¿de qué sirve tener buenas leyes si no hay mecanismos para hacerlas cumplir? Y es aquí cuando el problema estructural del aparato judicial entra en juego como uno de los causantes que agravan la situación del empresario pues la tardanza en la solución de los conflictos que se presentan en torno a la empresa así como la falta de certeza en cuanto al resultado del proceso han llevado a que no sólo la figura del juez pierda credibilidad y respeto sino un sinfín de problemas que repercuten en la dinámica, crecimiento y funcionamiento de la empresa misma.

Es por ello que ha sido un interés constante del Gobierno solucionar la problemática situación de la rama judicial y desde la ley 446 de 1998 ha venido diseñando diversos instrumentos que solucionen la alta congestión judicial y permitan de manera alternativa la solución de conflictos. Precisamente por esta ley es que se le otorgan facultades judiciales a la Superintendencia de Sociedades para resolver asuntos relacionados con la ineficacia, nulidad, disolución y designación de peritos. Más adelante, mediante la ley 1258 de 2008 se autoriza que la Superintendencia citada pueda resolver todos los conflictos que se susciten entorno a las sociedades por acciones simplificadas S.A.S. y finalmente es con la ley 1450 de 2011 que se extiende dicha facultad a todos los demás tipos societarios. En particular, el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) afirma que la Superintendencia de Sociedades es un verdadero juez para resolver asuntos societarios, en conclusión, se ha llegado a un estadio de especialización de la justicia que trae por supuesto grandes beneficios al sector empresarial.

Es así como se crea desde julio de 2012 la Delegatura de Procedimientos Mercantiles adscrita a la Superintendencia de Sociedades, como la tercera corte a nivel mundial y la primera en Latinoamérica especializada en conflictos societarios (junto con la del Estado de Delaware en los Estados Unidos de América y la de Países Bajos), encargada de llevar a cabo labores de conciliación y arbitramento así como de tramitar todo lo relacionado con el régimen de insolvencia de las sociedades pero aún más importante de ser el juez natural para resolver los conflictos jurídicos societarios sin tener que acudir a la justicia ordinaria con sus sabidos inconvenientes y dificultades.

Además de la agilidad en la solución efectiva del conflicto societario (en promedio tarda 4 meses para ser resuelto en primera instancia), lo cual significa un ahorro en tiempo y en dinero y la no suspensión de la vida empresarial mientras se tramita un proceso, el conocimiento especializado de sus jueces y auxiliares garantizan una solución justa y equitativa. En este punto, es necesario resaltar la importancia que la aplicación oportuna de las medidas cautelares particulares de esta corte especializada (tales como la suspensión de la junta directiva, de una capitalización, de una escisión, transformación o fusión parcial o total, de una compraventa de acciones, de un nombramiento de administradores, etc.) ha permitido reducir los perjuicios, preservar el estado de las cosas y concentrar la atención de las partes, sin mayor dilaciones o riesgos.

La corte está facultada para resolver asuntos relacionados con el abuso del derecho de voto, impugnación de actas, cumplimiento y ejecución de acuerdos de accionistas, designación de peritos, ineficacia, disolución de sociedades, protocolos de familia, códigos de buen gobierno, acuerdos de inversión, compromisos de fusión o escisión, joint ventures y conflictos societarios en general.

La Delegatura cuenta además con salas de audiencias especializadas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. acondicionadas con la mejor tecnología disponible y servicios electrónicos, lo cual facilita y agiliza los procesos de manera significativa pues las demandas, todos los demás documentos y citatorios pueden ser presentados y allegados vía correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) así como las audiencias pueden ser asistidas mediante videoconferencia, por lo cual descentraliza la justicia societaria y evitar el desgaste y correlativos gastos de acudir a la capital, incluso los expedientes pueden ser revisados desde el lugar de origen de la demanda.

Es una invitación a los abogados para que conduzcan sus procesos a través de la delegatura de procedimientos mercantiles y a los empresarios para que exijan que sus conflictos jurídicos se resuelvan de esta forma que favorece tanto sus intereses en cuanto a la agilidad en la solución del conflicto y demás beneficios en ahorro de tiempo y dinero, facilidades de acceso y correcta aplicación del Derecho.

Para mayor información se puede consultar en www.supersociedades.gov.co/pmercantiles.html

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Catalina Cardozo Arango

Abogada de la Universidad de Medellín y aspirante a Magíster en Derecho. Litigante y asesora de empresas. Docente e investigadora.

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